El 8 de febrero de 2006 se vio en el Pleno del Senado una iniciativa de CiU sobre posibles medidas compensatorias a aquellos ciudadanos ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial cuando ésta era una provincia de España.

La proposición salió adelante pese al voto en contra del partido socialista. La historia es la siguiente:

En el mes de febrero de 1969, el Gobierno de Franco ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos del estado español residentes en Guinea Ecuatorial, antigua provincia que había accedido a la independencia el 12 de octubre de 1968. Tras de sí estos ciudadanos dejaron todos sus bienes y como consecuencia de su marcha, se interrumpió la explotación de las plantaciones de cacao y café de su propiedad.

El 3 de agosto de 1974 se produjo un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial, alzándose con el poder el actual Presidente Teodoro Obiang Enguema, quien solicitó a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que se encontraban abandonadas. Algunos propietarios volvieron a ocupar sus fincas e invirtieron para ponerlas en marcha. Sin embargo, este nuevo intento terminó en fracaso por cuanto el café y cacao recolectado quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, quien liquidaba al propietario el 10% de su valor en el mercado internacional, circunstancia que al hacer inviable la explotación, supuso en la mayoría de casos su abandono al cabo de unos dos años. Tras el lento abandono de las fincas, éstas fueron definitivamente ocupadas por ciudadanos guineanos, consumándose así la expoliación que se había iniciado años atrás.

Los ciudadanos peninsulares que abandonaron Guinea Ecuatorial, a diferencia de lo que sucedió con los antiguos residentes en otras ex-colonias, no recibieron ningún tipo de indemnización, más que una mínima cantidad en concepto de ayuda social, ni crédito que les permitiera, bien resarcirse en parte del perjuicio económico que padecieron por culpa del abandono del Gobierno de la época, bien reiniciar su vida en el territorio peninsular o insular.

DIEZ AÑOS DANDO VUELTAS

En fecha 5 de abril de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) que hacia referencia a las medidas compensatorias a ciudadanos ex residentes en la antigua provincia de Guinea Ecuatorial. El objetivo de esta Proposición no de Ley era resolver el problema de aquellas personas que abandonaron la ex colonia española como consecuencia del deterioro de las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno de Guinea, dejando todos sus bienes en dicho territorio.

En ella se instaba al Gobierno, por una parte, a elaborar en el plazo de seis meses un censo en relación a los que tuvieron que abandonar la colonia y por otra parte, se establecía que en el plazo de dos meses a contar desde la elaboración de dicho censo, se debían concretar las medidas.

Después de diez años, han sido numerosas las iniciativas parlamentarias que han mantenido abierto este debate, sin que el gobierno del Estado haya concretado una solución para los afectados en el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial.

A la vista de la injusta situación que se ha creado como consecuencia de todos los hechos relacionados anteriormente, agravada por el excesivo paso del tiempo y visto el apoyo que obtuvieron estas iniciativas por parte del Grupo Parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) consideró necesario resolverla en el plazo más breve posible.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), presentó una proposición de ley de artículo único: “Indemnizaciones a los ciudadanos españoles ex residentes de la antigua colonia de Guinea Ecuatorial”, que pedía que:

1. Los ciudadanos españoles que fueron perjudicados por la pérdida de bienes inmuebles y negocios como consecuencia de la descolonización y consecuente evacuación forzosa de Guinea Ecuatorial tienen derecho a percibir del Estado una compensación económica por estas pérdidas.

2. El Gobierno publicará el censo de perjudicados en el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial.

3. Reglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento a seguir por los perjudicados para percibir la ayuda compensatoria del Estado, así como las cantidades a percibir.

En el turno de Grupos, nuestra intervención fue la siguiente:

“El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

El señor Gasòliba ha dicho que esta proposición de ley es sensata y ésa es una redundancia, señoría, pues usted solamente presenta cosas sensatas y nuestro grupo parlamentario tiene que apoyar la sensatez. Lo que usted propone no es sólo algo sensato, sino también justo y sensible.

Aquí se ha hablado de la descolonización de Guinea Ecuatorial hecha en 1968. En la historia de España las descolonizaciones no son una parte de la historia de la que se puedan sentir orgullosos aquellos a quienes tocó realizarlas. Recordamos lo que ocurrió en el siglo XIX, en 1898, y recordamos lo que ocurrió en 1968. Ya me gustaría que don Manuel Fraga, que algo tuvo que ver con la descolonización de Guinea, estuviera en su escaño, así como también lo tuvo que ver el ministro Castiella, que, además, era de Bilbao e hizo absolutamente todo francamente mal. Se dejaron a una serie de ciudadanos absolutamente colgados de la brocha, de mala manera y maltratados. Nosotros tenemos cierta sensibilidad para el asunto; no olvidemos que el alavés Manuel Iradier fue uno de los descubridores de Guinea Ecuatorial desde el continente europeo.

De todos modos, antes que el senador Laborda, que parece que resume en su persona la sensibilidad hacia Guinea Ecuatorial, hubo otro personaje que trabajó en esto: un diputado socialista llamado Ciriaco de Vicente, que encabezó una delegación que viajó a Guinea Ecuatorial en 1988; mucho antes que el señor Laborda. En esa delegación estaba don Jordi Casas —senador— y estaba yo mismo. Todos estos planteamientos nos los hicieron ya en aquella época; todo esto es muy viejo. El Partido Socialista se comprometió entonces a resolver los problemas de aquellas personas que habían sido desprovistas de terrenos y posesiones porque una pésima descolonización las había dejado absolutamente a la intemperie.

Por eso, cuando usted habla del censo de perjudicados o de ayuda compensatoria del Estado, nosotros simplemente decimos que si en vez de haber sido fincas en las que se cultivaba café y cacao hubiera aparecido petróleo en ellas, el problema ya estaría resuelto. Pero como se trata de café y cacao, estamos como estamos: mal.

En relación al partido socialista he de decir que si viviera en Las Palmas, en las próximas elecciones municipales votaría como candidato a alcalde a don Arcadio Díaz Tejera, aunque no me haya gustado nada su intervención. Ha sido un discurso sofista; creo que usted no está convencido de lo que ha dicho. Presumiblemente, esta proposición de ley saldrá adelante con al apoyo del Partido Popular, del Grupo Catalán, del Grupo Vasco y no sé si de algún otro grupo más. Puesto que va a salir, nos hubiera gustado que, en coherencia con el discurso que ha mantenido siempre el Partido Socialista, votaran que sí; yo conozco muy de cerca el sentir socialista porque he hablado con mucha gente del Partido Socialista de estos temas. Además, usted, don Arcadio, está absolutamente convencido de que la iniciativa del señor Gasòliba es razonable, sensata y, sobre todo, justa, que es lo importante.

Nuestro grupo va a apoyarla, y ojalá la proposición de ley sirva para algo. Sobre todo, para hacer justicia, aunque sea tarde; para que haya un resarcimiento para aquellas personas que fueron desprovistas de sus posesiones «manu militari».
Muchas gracias, señor presidente.”

Al finar del debate saludamos a los promotores de la iniciativa que llevan 38años dando vueltas sin que nadie les soluciones su problema o los compense por lo robado.