Excmo. Sr. D. Manuel Marín

Presidente del Congreso de los Diputados

Madrid, 28 de septiembre de 2005

 

Estimado Presidente:

El pasado miércoles 21 de septiembre en la reunión de las Mesas del Congreso y del Senado celebradas de forma conjunta en la sala Mariana Pineda del Congreso de los Diputados surgió como un chispazo la observación que te había hecho en tu calidad de presidente del Congreso en relación con la, a mi juicio, indebida decoración de la sala-comedor de la planta cuarta del edificio de ampliación contiguo al comedor denominado de gala.

Como te comenté en la carta que te remití el pasado 13 de julio, en dichas paredes cuelgan pinturas que nada tienen que ver con la vida parlamentaria ni sus protagonistas. Desde un cuadro de la batalla de Almansa a retratos de los reyes Alfonso XIII, Alfonso XII y del príncipe Francisco de Asís, más propios de una antecámara real o del director de la revista “Hola” que de un comedor de visitas en una Cámara democrática.

Y como el hecho no es baladí, es por lo que te hice saber que, presididos por D. Julián Besteiro, tuvo lugar en dicha casa una memorable sesión donde se aprobó el Acta de Acusación contra D. Alfonso XIII aprobándose una resolución por mayoría absoluta, cuyo texto acompaña la presente.

Si eso sucedió en 1931 y fue aprobado casi por unanimidad siendo el grupo socialista el impulsor de la medida; si dicha sesión la presidía D. Julián Besteiro, ilustre socialista que murió encarcelado en 1939 en la cárcel de Carmona como consecuencia de la crueldad de una dictadura y si además se está en sede parlamentaria, no sé a santo de qué hay que convertir un comedor de gala en una exaltación a la monarquía ni mucho menos a un personaje recusado públicamente en sesión especial del Congreso de los Diputados.

Cuando argumentaba de esta manera, la diputada Dña. Celia Villalobos me contestó diciendo que su familia había sido republicana pero que mi deseo era revisar la historia por lo que no procedía mi observación.

Se equivocaba Dña. Celia. Yo no quiero revisar la historia. Sólo deseo recuperarla y recuperarla significa que el cuadro de una persona recusada unánimemente en esa casa vaya a un Museo o al Palacio Real, pero no presida ninguno de los salones de un Congreso que condenó al ex rey por golpista. ¿Es eso revisar la historia o más bien dejar las cosas en su sitio y que la anestesia histórica que en dosis peligrosas para la salud democrática nos proporcionan a todas horas ciertos medios vaya poco a poco disipándose con objeto de que las nuevas generaciones no vivan en la mentira?.

Si en el Bundestag alemán no hay un solo cuadro del mariscal Goering que llegó a la presidencia del Reichstag democráticamente, no sabemos asimismo qué pintan en los pasillos del Congreso los cuadros de quienes presidieron aquella farsa antidemocrática de Parlamento como fueron los Sres. Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Si en las jornadas de Puertas Abiertas, al ciudadano se le pretende enseñar lo mejor de la historia y exaltar los valores democráticos de paz, tolerancia, respeto al adversario y a sus ideas, todas estas anomalías históricas de representantes de dictaduras, conculcación de derechos, irrespeto al ciudadano no pueden ni deben exaltarse en la casa de la palabra y de la democracia como son las Cortes Generales. Encárguense cuadros de motivos parlamentarios y retírense personajes repudiados en sesiones públicas democráticas de esa Casa.

Confío que de las bellas palabras de los discursos retóricos en las sesiones extraordinarias se pase a los hechos y que los acuerdos parlamentarios se cumplan fundamentalmente por higiene democrática.

Aprovecho la oportunidad para saludarte.

 

Iñaki Anasagasti Olabeaga

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Texto definitivo que aprobaron las Cortes por mayoría absoluta pasadas las 3.30 de la madrugada entre el día 19 y 20 de noviembre de 1931.

“Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su Magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país; en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a Don Alfonso de Borbón Habsburgo y Lorena. Privado de la paz pública, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas las dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado, le declaran decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, acciones y derechos de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará en su beneficio el Estado, que dispondrá del uso más conveniente que deba dárseles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de sancionada por el Gobierno provisional de la república, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones.”