En julio de este año 2005 viajamos a París, Albistur, Beloki, Erkoreka, Txueka, Zubia y yo. Estuvimos con el Director del Instituto Cervantes de esta ciudad quien nos enseñó la sede que en 1936 adquirió el PNV y fue incautada por la GESTAPO y dada por ésta a las autoridades franquistas en 1940. Nuestra reclamación encontró eco en el presidente Rodríguez Zapatero que contestó en una intervención parlamentaria que estudiaría la demanda. Hasta hoy.

En virtud de aquella incautación, en tiempos de la ocupación alemana, la sede de la Avenue Marceau se convirtió en el lugar en el que el coronel Barroso y el policía Urraca Rendueles se dedicaron a perseguir a los “rojo-separatistas” que vivían en Francia y como consecuencia de esta actividad, en aquella sede se acumuló mucha documentación de la Generalitá que el President Luis Companys había logrado sacar de Barcelona antes de la caída de Catalunya. Cuando la casa nos volvió a ser robada en 1951, el PNV bajó aquella documentación a su sede de Villa Izarra en Beyris donde la guardó exquisitamente hasta que se la devolvió a su legítimo propietario, el gobierno de la Generalitá, en acto público protagonizado por los presidentes Ibarretxe y Pujol en el Palau del Gobierno.

Bueno pues este gesto no ha sido correspondido por el PSC ni por ERC con nuestros papeles.

El Pleno del Senado aprobó el 3 de noviembre de 2005 el proyecto de ley por el que se restituyen a Catalunya los documentos del Archivo de Salamanca incautados durante la Guerra Civil, y rechazó el veto presentado por el PP y las 44 enmiendas de este partido, PNV e IU, con lo que la ley queda definitivamente aprobada. El proyecto de ley, que contó con el único voto en contra del PP, fue aprobado tal y como llegó del Congreso, donde obtuvo el visto bueno el 15 de septiembre, y entrará en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esto, el gobierno dispone de tres meses para restituir a la Generalitat la documentación del archivo institucional de sus órganos de gobierno, de su administración y de sus entidades.

Las demandas públicas catalanas de devolución de lo expoliado por las tropas franquistas datan de 1978 y desde entonces ha habido todo tipo de respuestas en este tan largo como lamentable asunto: buenas e inútiles palabras, silencios políticos, obstáculos administrativos, argumentos seudocientíficos, bloqueos, etc. Y las más variadas actuaciones: desde la mala fe de un máximo responsable del archivo que negó por escrito a sus superiores que la documentación de la Generalitat se encontrase en Salamanca, hasta la brutal imprudencia de quien incitó a sus conciudadanos a no dejarse arrebatar lo que era suyo “por derecho de conquista”. Desde hipócritas declaraciones pretendiendo dar por “zanjada la cuestión”, hasta presentar peligrosamente este asunto como un conflicto entre Castilla y Cataluña.

Hace casi un año una comisión de expertos nombrada por la actual ministra de Cultura dictaminó con claridad, por 14 votos a favor y 3 abstenciones, varios puntos: en primer lugar, que la incautación de la documentación había sido violenta y brutal, sin respetar siquiera la propia legislación franquista; segundo, que las reclamaciones catalanas no habían prescrito dado que se formularon desde el mismo momento en que existió en España un Estado de derecho, es decir, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Por ello los expertos consideraron que las razones que avalaban la devolución eran “justas y legítimas” y que eso también implicaba, lógicamente, dejar en el Archivo de Salamanca una copia digitalizada de los fondos devueltos.

Los documentos reclamados, que ocupan 507 cajas, fueron incautados por las tropas franquistas a la Generalitá y otras instituciones para depositarlos en Salamanca, en un organismo llamado Delegación Central para la Recuperación de Documentos, con un objetivo claro: servir de base para las investigaciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el órgano principal de represión de la dictadura. Los textos legales pasaron con la democracia a depender del Ministerio de Cultura y finalmente, en 1999, se creó en Salamanca el Archivo General de la Guerra Civil.

NUESTRA DENUNCIA ANTE EL ABUSO

A Javier Maqueda, portavoz en la Comisión de Cultura del Senado, le hice llegar fotocopias de la carta y del informe que me dirigió D. Manuel de Irujo en 1978 siendo senador y que usted si lo desea puede consultar en la sección “Cartas”. Con ellas y con otra que un médico le envió a Carlos Garaikoetxea y con un cabreo notable, Maqueda denunció el abuso de poder que suponía no hacer lo mismo con el Gobierno Vasco lo que se estaba haciendo con el de la Generalitá. Nuestro Grupo había presentado una serie de enmiendas que tanto ERC como el PSC rechazaron. En premio, y, como siempre, nosotros apoyamos la devolución de la documentación a los catalanes. Esta fue la intervención de Maqueda:

El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Egunon danori».

Buenos días a todos y a todas, señorías. Señor presidente, estamos ante el proyecto de ley de los archivos de Salamanca, muy importante para nuestro grupo. Posteriormente en el turno de defensa de las enmiendas comentaré por qué son importantes las reivindicaciones que desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hacemos.

A este proyecto de ley se ha presentado un veto por el Grupo Parlamentario Popular que, como ya comentamos en la Comisión de Cultura, mi grupo no va a apoyar.

En esta breve intervención voy a hacer un poco de historia para situarnos, es decir, qué son estos papeles, qué son estos archivos de Salamanca, y cómo se ha gestionado desde sus inicios. No es algo que venga de ahora; allá por el año 1978 —como recordé en la Comisión de Cultura— en esta Cámara, el senador vasco don Manuel de Irujo ya reclamaba la devolución de los archivos de Salamanca al País Vasco. Y ahora nos encontramos con un proyecto de ley en el que se ignora absolutamente al País Vasco y únicamente se centra, por motivos que después comentaré, en Cataluña.

Quiero recordar que el antiguo centro de recuperación de documentos, domiciliado en la calle Gibraltar, 2, en Salamanca, fue creado para recepcionar y clasificar aquellos documentos que eran capturados a medida que el ejército franquista iba ocupando nuevos territorios durante la guerra.

Ésta es la historia del archivo: fotografías, publicaciones, etcétera. Sobre la base de estos documentos —también hay que recordarlo porque es importante— se abrieron aproximadamente tres millones de fichas personales que durante varias décadas —no olvidemos que la historia es muy reciente— sirvieron de información a los tribunales y a los servicios del Estado. El material procedente de Euskadi es muy rico y abarca desde periódicos, revistas, boletines aparecidos durante la guerra en esa zona a multitud de documentos, de correspondencia, etcétera de muy variado tipo, personales, institucionales, etcétera; igualmente, hay cosas anteriores a la guerra incluidos en dicho archivo. El grueso del material se halla en el apartado denominado Bilbao Político-Social, pero también se han analizado otros que contienen documentos clasificados en Barcelona Político-Social, Madrid Político-Social, en menor medida Santander Político-Social, Asturias Político-Social, y Valencia Político-Social.

Por no alargarme en este turno, quiero recordar —también se comentó en la mencionada comisión— que este archivo estuvo cerrado durante muchos años y bajo custodia por funcionarios de la Guardia Civil retirados.

Hace menos de 10 años se abrió por primera vez a particulares, con muchísimas restricciones y dificultades, para consultar los documentos que allí se encontraban. Ahora se consiente más fácilmente la investigación, e incluso se puede fotografiar y fotocopiar lo que se desee.

Pero no todos los ciudadanos de Salamanca opinan como aquí se ha manifestado, y posteriormente me referiré a la reunión celebrada con el alcalde de Salamanca. Siempre han existido y existirán personas con honor. Muchas personas nos han llamado, hemos hablado con ellas, y nos apoyan. Pero este apoyo no es de ahora; y como muestra voy a leer una breve carta enviada por un doctor de Salamanca en el año 1983, José María Muñoz de Partearroyo, quien se dirigía a nuestro entonces «lehendakari», Carlos Garaikoetxea, diciéndole lo siguiente: Señor presidente, habiendo llegado a nuestro conocimiento que un ex ministro del primer Gobierno Vasco había regresado a España, es lo que nos ha movido a dirigirnos a usted para comunicarle que desde hace 45 años obra en mi poder una pequeña carpeta, cuya fotocopia adjunto, la cual contenía un bloc de anotaciones del que fuera presidente del antes mencionado gobierno vasco, José Antonio Aguirre Lecube, el cual dejó abandonados los objetos sobre su mesa de despacho oficial cuando tuvo que salir.

Pero esa pequeña carpeta, que me la donó un jefe del Ejército, que estaba a las órdenes inmediatas de Franco, hoy puede ser fácilmente reconocida e identificada por el ya octogenario ex ministro. Hacemos esta aclaración por si algún organismo oficial de esa autonomía tuviera algún interés en ella.

Quiero decir con esto, señorías —y termino mi intervención—, que la reivindicación, como luego diré en el turno de defensa de las enmiendas, no es de ahora; data de tiempos antiguos, y creemos que es justo que lo que se quitó y expolió en su día vuelva a sus legales propietarios”.

“Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y para defender las enmiendas 11 a 25, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. Señorías, antes de entrar en el debate quiero hacer una aclaración al señor Van-Halen. Yo procuro ser respetuoso con todo el mundo, y he dicho que siempre han existido y existirán personas con honor. Ni me refería a él ni me refería a nadie en particular. No creo que deba retirar nada de lo dicho y sigo manteniéndolo. Existirán y han existido personas con honor. Señor Van-Halen, nosotros no le hemos llamado la atención cuando nos ha mandado al psicólogo por defender cuestiones como el euskera. Repase los diarios de sesiones.

En cuanto a la carta —que dice usted que es un cuento— mandada por este doctor, que tuvo 45 años en poder sus documentos y que vivía en Salamanca —repito, don José María Muñoz de Partearroyo—, si a usted le parece un cuento quédese con los cuentos y siga leyendo la historia del siglo XVII. Vamos con las enmiendas. A este proyecto de ley se han presentado 44 enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Grupo Parlamentario Popular. En la sesión de la comisión del pasado día 26 de octubre no se aprobó ninguna, como era de esperar. Nuestro grupo va a pedir a esta Cámara el apoyo a las enmiendas que mantenemos vivas, en concreto las enmiendas números 11 a 25, y antes que nada quiero plantear a sus señorías una pregunta y una reflexión.

La pregunta es la siguiente: ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno apoyan la devolución de los documentos a Cataluña y no a Euskadi y a otras comunidades, como ha dicho el senador Cuenca? Queremos una respuesta clara y concreta. No se nos ha dado ningún argumento en la Comisión y hasta el momento tampoco hemos recibido ningún argumento por parte de la representante socialista. Queremos que expliquen a los ciudadanos vascos y a las ciudadanas vascas por qué una vez más nos vuelven a castigar. Si ustedes no lo explican nosotros sí se lo vamos a explicar. Señores socialistas. A ustedes les da igual tratar como ciudadanos de tercera al Parlamento vasco, y al lehendakari, y no se dan cuenta de que con esta actitud están humillando a todo un pueblo, el pueblo vasco. Ayer en el Congreso nos dieron una muestra más de ese talante. Admiten a trámite en comisión el estatuto catalán, y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con el estatuto vasco? ¿Qué pasó el 1 de febrero?. El 1 de febrero se permitieron sentar a nuestro lehendakari, al máximo representante de todos los vascos y de todas las vascas, en el gallinero, dejándolo sólo en una esquina, y ayer, en la butaca de patio, con una alfombra roja y con una mesa muy bonita, sentaron a tres representantes del Gobierno catalán. Igual trato. La respuesta es clara: ustedes necesitan a los catalanes y no nos necesitan a nosotros.

El PP, el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos es claro: nada para nadie, ni estatutos, ni archivos de Salamanca, ni visitas para recibir al lehendakari, ni nada de nada para nadie. Pero ustedes nos engañan. Siempre nos prometen cosas. El año pasado les recuerdo que en esta Cámara sacaron adelante la Ley de estabilidad presupuestaria, que luego se encargaron de suprimir, y nos engañaron con unas promesas que no cumplieron nunca. Yo soy de la opinión de que este año nos van a volver a engañar, pero no se preocupen. Nosotros somos coherentes —se lo demostramos el otro día al Partido Popular apoyando dos mociones en las que por una vez se han vuelto autonomistas—, tenemos buena memoria y además el camino es largo, no somos para un día. Aunque sea una evidencia este trato desigual que recibimos los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas, nuestro grupo va a seguir denunciándolo, pero a la vez vamos a seguir siendo coherentes a la hora de desarrollar nuestro trabajo. No se preocupen. Aunque insisto, tomamos nota. Nos sorprende y nos decepciona la posición del Partido Socialista, y también la de algunos otros grupos, y no me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Popular, que mantiene, como he dicho, su coherencia. Lo dicho también: tomamos nota. Intentamos sacar adelante una enmienda transaccional, la presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, la número 10. Todos estábamos de acuerdo en la comisión menos el PP, pero el Partido Socialista no quiso fijar un plazo, en principio, de un año, para comprometerse a devolver los documentos incautados. Por otro lado, encima tenemos que aguantar que se diga que el Partido Socialista nos mima. Lo dice hoy un senador del Partido Popular en un artículo de opinión publicado en el diario económico «Expansión» cuando interpreta que el Gobierno socialista tiene que tener contento al PNV. Se refería a los presos y a los títulos que, según él, regalaba la Universidad Pública Vasca, la Euskal Herriko Unibersitatea. Pues miren ustedes, no es que no nos tengan contentos, es que estamos tan encantados que pactan con ustedes en Euskadi, caso insólito —se lo tenemos que repetir siempre que podamos para que se sepa en toda España—, siempre que necesitan desalojarnos, como lo han hecho, de diputaciones y de ayuntamientos o para torpedear las iniciativas que presentamos en el Parlamento vasco. Ya es hora de que todos nos vayamos quitando la careta y de que hablemos claro. A nadie van a engañar con estas actitudes. Ustedes, la derecha y la izquierda, tienen dos terrenos de juego claramente delimitados: uno, el Estado español, dos, el País Vasco. No voy a profundizar en sus intereses comunes ni en sus estrategias, porque no es el momento, pero tratan ustedes de destruirnos, como han hecho con otros nacionalismos.

Pero tengan clara una cosa: nosotros los vascos somos diferentes. No nos van a doblegar ni nos van a comprar ni los unos ni los otros. Unirán sus fuerzas a su manera, como en este caso del proyecto de ley de los archivos de Salamanca, y con el silencio no entendible de otros grupos, como he dicho, nos van a dejar prácticamente solos. Desde aquí quiero dar las gracias a algunos grupos que nos han manifestado su apoyo porque entienden justa esta reivindicación. Pero no se confíen. Como el pequeño David, vamos a seguir luchando seguros de alcanzar la victoria con las únicas armas que tenemos y que son la verdad y la razón. En nuestras enmiendas no solicitamos nada nuevo, únicamente reclamamos la restitución a las instituciones autonómicas y forales de Euskadi de los documentos incautados durante la Guerra Civil, y lo he dicho antes, no es de ahora. En el año 1977 ya el senador don Manuel Irujo lo reclamaba. Existen numerosos documentos en los archivos de Salamanca, como he indicado antes, que fueron arrebatados a ciudadanos y ciudadanas y a instituciones vascas. Los de los particulares volverán, según este proyecto de ley, y los otros deben volver por justicia.

Y ahora un comentario a la enmienda número 25. En virtud de la actualización del régimen foral contemplada en la disposición primera de la Constitución —esa Constitución en que se amparan cuando quieren y cuando no la olvidan—, a partir de la entrada en vigor de la ley las secciones históricas de los archivos de protocolos de los notarios en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco formarán parte del patrimonio cultural vasco. Por tanto, no estamos pidiendo nada que venga de Salamanca; estamos pidiendo que esos archivos formen parte del patrimonio cultural vasco y se tengan que constituir en archivos de titularidad pública vasca. No entendemos por qué tampoco esto se admite.

Señorías, termino diciendo que no queremos ningún enfrentamiento con nadie: ni con los castellano-leoneses, ni mucho menos con los ciudadanos de Salamanca. Así lo manifestó nuestro portavoz, Joseba Zubia, y yo en fechas recientes al alcalde de Salamanca. Ahora bien, nadie nos puede negar la propiedad de lo que nos pertenece y se nos ha expoliado. Si a los catalanes se les da, ¿por qué no a nosotros?

A lo mejor es que los vascos no tenemos la habilidad negociadora de los catalanes. ¡Qué le vamos a hacer! Ahora bien, quiero dejar bien clara una cosa: si se restituyen a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que están custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, lo cual nos parece muy justo y lo apoyamos, pero no se hace exactamente lo mismo con los documentos incautados al pueblo vasco, nosotros iremos a buscarlos.

«Eskerrik asko». Muchas gracias.”