Hace un año, en el velódromo de Anoeta en Donosti, Arnaldo Otegui, en un acto de la ilegalizada Batasuna dijo que estaban dispuestos a sacar el conflicto social y armado de la calle y llevarlo a una Mesa de negociación.

Trescientos sesenta y cinco días después, las cosas no han variado sustancialmente. ETA ha seguido manifestando en este año que tiene capacidad para ejercer la violencia y el terror y ha anunciado que no atentará contra cargos públicos mientras colocaba las llamadas “bombitas estratégicas” en suficientes lugares; su última reivindicación son 22 atentados causando fundamentalmente daños materiales, pero, afortunadamente sin que haya habido lesiones o pérdidas humanas.

Este dato le ha ido quitando dramatismo al terrorismo de ETA, ha acostumbrado a la ciudadanía a no sobresaltarse y ha logrado adormecer el problema dando la impresión que no existiera. Parecería que tendría que haber mucha sangre para que ciertos estamentos de la sociedad sigan valorando que una organización como ETA, con cuarenta años de actividad tras sus espaldas, no se va a disolver en la nada como un azucarillo en un vaso de agua.

La llegada de Rodríguez Zapatero a La Moncloa ha logrado trasladar el conflicto de la tensión permanente al forcejeo en las sombras. Tras la prohibición del acto en el BEC a una Batasuna necesitada de decir a sus militantes que ahí está y que sigue reivindicando lo mismo, Zapatero contestó que la Ley de Partidos que se aprobó en las Cortes Generales con el concurso del PP y del PSOE, es una norma muy restrictiva mientras defiende el derecho de reunión y el Fiscal General reflexiona sobre los derechos individuales y colectivos. Nada que ver con las amenazas de Aznar y las iniciativas del Fiscal Jesús Cardenal. Pero no olvidemos que esa insólita ley fue aprobada porque a Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Pepe Blanco les interesó darle cobertura a un PP que ahora les recrimina su “contubernio” con los nacionalistas.

Algo parecido con lo sucedido al suspenderse durante 20 días las vistas del macrojuicio que en base al polémico sumario 18/98 se celebra en la Audiencia Nacional contra el llamado entorno de ETA. Esto supone el reconocimiento implícito por parte del propio tribunal de que los abogados defensores de los 56 imputados tenían motivos fundados para la petición de amparo, que fue atendida, al Consejo de la Abogacía vasco. El auto dictado por el Tribunal para comunicar este aplazamiento incluye, efectivamente, en el fundamento de su justificación, “para que no haya atisbo de indefensión”, la aceptación de que los letrados de la defensa tenían razón al protestar por falta de tiempo para examinar y analizar las pruebas utilizadas durante la instrucción y amenazar por ello con abandonar la sala.

Este episodio de aplazamiento de las vistas es uno más en el contexto de la accidentada marcha del juicio, pero mucho más sintomático que otros. Si el celo garantista que se exhibe ahora, bien que forzado, se hubiese demostrado en otros momentos de la larga y desastrosa, según valoración de algunos expertos, instrucción de este proceso, quizás el desarrollo del mismo sería bien distinto. Si se hubiesen atendido, por ejemplo, las denuncias presentadas por algunos de los acusados, que aseguran que firmaron sus declaraciones bajo supuestas amenazas o malos tratos, quizá se habría comprobado la inconsistencia de un sumario basado, según opinión bastante extendida, en simples indicios, acusaciones y sospechas infundadas de un informe policial. Posible falta de pruebas contundentes –que son las que hay que presentar ante un tribunal- que han alargado innecesariamente un procedimiento de marcado carácter político en el que se quiso extender la culpabilidad por supuesta colaboración con ETA, a todos los dirigentes, asociaciones, medios de comunicación o cualquier tipo de empresa relacionada con la izquierda radical abertzale y, en general, indirectamente a todo el nacionalismo y la cultura vasca. Una estrategia de politización de la justicia o judicialización de la política alentada por Aznar durante su etapa absolutista, de involución democrática y autonómica, con la que, inconsciente o gustosamente, el juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, colaboró eficazmente con el dichoso sumario 18/98, el que sustenta el actual macrojuicio. De ahí el tratamiento que hace de la Justicia el rechazado Plan Ibarretxe

Pero estamos ya en el año 2006. Hace treinta años murió Franco y ese mundo vinculado a la ETA sociológica quiere pasar página e iniciar un complicado proceso de participación normalizada en las instituciones haciendo política. Proceso que no será nada fácil pues la palabra gradual no es precisamente la más utilizada en esos mundos cerrados del todo o la nada, de verdades absolutas que encubren muchas veces el miedo al vacío o a la discusión argumentada así como la falta de poso democrático en mentes acostumbradas a tener por detrás una organización armada que dictaba lo que había que hacer en cada momento.

Nosotros como partido político de 110 años y por tanto de sesenta más de antigüedad que una ETA que nació como violencia de respuesta a la violencia institucional del régimen, hemos presentado una iniciativa que podría resumirse en las dos palabras del título de este trabajo, y que sin ellas será difícil hablar de reforma estatutaria.

De lo que se trata es de lograr un compromiso entre todos, desde el PP a HB, para que sea respetada la decisión de la sociedad vasca y para ello lo debemos formular de tal forma que no imponga un acuerdo de menor aceptación que los actualmente vigentes (Estatuto de Gernika) y que no impida un acuerdo de mayor aceptación que los actualmente vigentes.

No imponer garantiza la aceptación, en clave de aportación social e integración política, de la voluntad de la sociedad vasca. No impedir evitaría el veto de las Cortes españolas como ya pudimos comprobar el pasado uno de febrero del 2005, cuando al llamado Plan Ibarretxe, que no era tal, sino el acuerdo mayoritario del Parlamento Vasco, fue rechazado sin tan siquiera ser discutido. Se trata pues de aceptar, por principio, la fórmula más democrática y más integradora.

Cuando Otegui habla de una Mesa de Diálogo, nosotros decimos que si pero bajo ciertas premisas.

Para ir conformando un foro o una Mesa de partidos, necesitamos, en primer lugar, (re)construir el tejido de confianza entre las formaciones políticas vascas. El objetivo es que la propia configuración y metodología hagan irreversible o, al menos, dificulten enormemente la vuelta atrás y que vinculen progresivamente a los participantes en un compromiso por la solución. En ella proponemos siete compromisos:

• el respeto a los derechos humanos,

• el respeto al pluralismo,

• el respeto a la voluntad popular,

• la aceptación de medios exclusivamente democráticos y pacíficos,

• el diálogo si exclusiones,

• la ejecución negociada y pactada de las decisiones que se adopten, y,

• el establecimiento de medidas de arbitraje y garantías para los supuestos de desacuerdo en la interpretación y aplicación de los acuerdos que pudieran alcanzarse.

El Lehendakari, por su parte, formuló cinco principios en su discurso de Investidura, que hemos hecho nuestros; los dos primeros plantean el marco de condiciones, en función de las cuales se pueden diseñar el cómo, el cuándo y el dónde; el tercero, el cuarto y el quinto se refieren más bien a los requisitos que habrían de cumplirse para estar en situación de obtener un acuerdo político verdaderamente compartido.

1. El principio de no violencia y el compromiso de respetar los derechos humanos, utilizando, única y exclusivamente, las vías políticas democráticas.

2. El principio de no exclusión y el compromiso de respetar el derecho de participación de todas las sensibilidades políticas, sociales y territoriales, que quieran hacerlo.

3. El principio democrático y compromiso de respetar la voluntad popular y el ejercicio y el derecho a decidir de la sociedad vasca.

4. El principio de igualdad y el compromiso de aceptar que todos los proyectos políticos defendidos democráticamente deben encontrar las vías para la incorporación en el ordenamiento jurídico.

5. El principio de respeto a la pluralidad y el compromiso de no imponer/no impedir el ejercicio de los diferentes sentimientos identitarios presentes en la sociedad vasca.

Finalmente, cuando Zapatero dice y repite que el proceso será largo, tenso, difícil y con picos, le creemos. No hay más que ver lo que está sucediendo en España con la discusión del Estatut Catalán. Todos los demonios del más rancio españolismo han sido sacados de la botella y andan metiendo horas extras enfrentando a unos y otros. Ni qué decir que lo del Estatut será el aperitivo de otra bronca y no sólo a una Mesa de diálogo que el PP rechaza, sino a la posibilidad de una consulta. Pero nosotros queremos esa consulta porque en democracia es fundamental dar la palabra a los ciudadanos.

La consulta a la ciudadanía es una exigencia política y democrática siempre que se propone una modificación sustancial del marco de convivencia. Así es considerada en las propuestas políticas de la gran mayoría de los partidos. La consulta es, por lo tanto, el resultado de un proceso en que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo. No es, de ningún modo, un arma arrojadiza, ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que tienen de trabajar y lograr un acuerdo. Tampoco podemos admitir ningún derecho a veto que pudiera impedir a la ciudadanía expresarse democráticamente.

Pero sabemos que una consulta democrática debe cumplir una serie de condiciones entre las cuales las más importantes son la ausencia de violencia y de exclusiones. En su investidura, el Lehendakari lo declaró expresamente: “si alcanzamos un Acuerdo para la Normalización Política y la Convivencia, solicitaré autorización al Parlamento Vasco para que en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el Acuerdo Político alcanzado”. Y añadía: “esta autorización del Parlamento deberá incorporar, de forma pactada, los diferentes aspectos relacionados con la propia consulta, tales como la ratificación de las condiciones de ausencia de violencia y no-exclusión, los principios democráticos establecidos para la aceptación de los resultados y el procedimiento habilitador para la negociación e incorporación de los mismos en el ordenamiento jurídico”. Pactar también las condiciones para llevarla a cabo es el procedimiento para asegurar su carácter integrador, un buen resultado y su viabilidad en la posterior negociación.

Nuestro objetivo ante la consulta consistirá en conseguir una mayor adhesión que la obtenida por el Estatuto de Gernika, toda vez que en Nafarroa el Amejoramiento del Fuero ni siquiera ha sido sometido a refrendo. Está será la piedra angular, la referencia básica para validar democráticamente el nuevo punto de encuentro para la convivencia política.

Y en eso estamos, aunque rodeados de mucho ruido: acciones de ETA, prohibiciones, juicios sumarísimos, manipulación informativa, desmesuramiento de los argumentos y los adjetivos. Pero esta es nuestra hoja de ruta que ojalá logre consolidar las dos palabras mágicas: no imponer, no impedir.